Solamente se busca eliminar un inciso de un artículo de la ley de garantías:

ARTÍCULO 125o. (NUEVO). A partir de la publicación de la presente ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.

La verdad es que no se elimina la ley de garantías, se busca eliminar el inciso de un artículo, el cual se refiere a los convenios interadministrativos de la nación con los municipios y gobernaciones.

De la ley de garantías, que originalmente constaba de 42 artículos, de ser aprobado este artículo en la ley de presupuesto para el 2022, seguirán vigentes todos los demás, los cuales se refieren a asuntos como estos:

Limitaciones al presidente en períodos electorales, estas se mantienen a pesar de no existir en la Constitución la reelección presidencial.

Límites en la financiación de campañas, reglamentación en cuentas claras de los candidatos, auditorías, rendición de cuentas, vigilancia y sanciones, relacionadas con todas las campañas políticas.

Acceso a los medios de comunicación, equilibrio informativo, prohibiciones a todos los candidatos y derecho de réplica.

Se mantienen todas las prohibiciones a los servidores públicos para participar e intervenir en actividades políticas y electorales.

¿Qué implica NO eliminar el inciso que prohíbe los convenios interadministrativos por el año 2022?

Los proyectos de inversión regional, que llevan hasta dos y tres años en proceso de aprobación, ahora que están viabilizados, no podrían ser ejecutados por alcaldes y gobernadores.

La nación cuenta con recursos apropiados y que se van apropiar para el 2022, los cuales no se podrían ejecutar si se aprueban los proyectos, esto se hace mediante convenios interadministrativos entre el gobernó nacional y las gobernaciones y/o alcaldías.

Toso los proyectos para ejecutar mediante recursos de regalías, que se están aprobando en los OCAD, no podrían ejecutarse por la restricción establecida en el inciso de la ley de garantías.

No se podrían ejecutar los recursos para los municipios PEDET, los proyectos de obras por impuestos, los aprobados a zonas ZOMAC y la mayoría de los recursos destinados a placas huellas, construcción de instalaciones Sacúdete y obras escolares, las de acueducto y programas de vivienda de interés social en los municipios.

Estos recursos se quedarían congelados en fiducias, las cuales son de los bancos, obteniendo estas empresas del sector financiero, inmensas utilidades adicionales a los más de cinco billones que obtuvieron el año pasado. No llevar estos recursos a las comunidades y dejarlos en los bancos es INMORAL.

Se les olvida a los críticos de esta medida, que venimos y estamos todavía en pandemia, razón por la cual fue casi imposible ejecutar proyectos de desarrollo regional.

La única manera de reactivar la economía en los municipios, de generar nuevos empleos, mejorar las vías terciarias y secundarias, es poder adelantar obras públicas en beneficio de la comunidad, con la inversión de recursos vía presupuesto nacional y de regalías.