Proyecto de Ley Orgánica No. 183 de 2021 Senado – 486 de 2020 Cámara “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos”.

Este proyecto de ley, de autoría gubernamental, se alista para tercer debate en la Comisión Primera del Senado de la República, algunos aspectos que contempla el proyecto son los siguientes:

Es decir, es necesario adecuar el funcionamiento y organización de los departamentos a las nuevas condiciones del país, lo que hace necesario integrar las normas del régimen político y administrativo departamental, y fortalecer las competencias de estas entidades territoriales, al otorgarles funciones más claras y de mayor alcance en los diferentes sectores.

El presente proyecto, moderniza la organización y funcionamiento del régimen departamental, al dotar a los departamentos de un régimen político y administrativo que garantice el cumplimiento de las competencias y atribuciones que les asigna la Constitución y la ley.

A partir de esta iniciativa legislativa, se fortalece la facultad de los gobernadores de poder actuar como nivel intermedio de Gobierno entre la Nación y los municipios, en el ejercicio de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. Esta iniciativa contempla la especificación de las competencias básicas del departamento, la clarificación de las relaciones con los demás niveles de gobierno y con el nivel nacional.

Parágrafo transitorio: Dentro de los 8 meses siguientes a la entrada de vigencia de la presente Ley, el Gobierno Nacional en Consenso con los Departamentos representados en la Federación Nacional de Departamentos, revisará e identificará las competencias que han sido descentralizadas a los departamentos, teniendo en cuenta, entre otros criterios, la asignación de recursos para su ejecución y formulará las recomendaciones para optimizar dicha descentralización bajo un criterio de sostenibilidad fiscal. En los términos del artículo 356 de la constitución Política, no se podrá descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas.

Regulación y competencias. Artículo 4. Competencias. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución Política y demás disposiciones legales vigentes, corresponde a los departamentos ejercer las siguientes competencias:

1. Bajo esquemas de autonomía y descentralización territorial en:

1.1 En Materia de infraestructura vial les corresponde la construcción, intervención, mantenimiento y recuperación de la red vial departamental, vías secundarias y terciarias asociadas a esquemas productivos, con el objetivo de fortalecer los vínculos urbano- rurales y la seguridad alimentaria del territorio 43 que comporten afectación de derechos fundamentales especialmente a grupos vulnerables.

2.3. En materia de orden público, los departamentos en cabeza de sus gobernadores como agentes del presidente de la República deben preservar la seguridad y la convivencia en el área de su jurisdicción y responder por las relaciones y mecanismos de coordinación entre las distintas instancias encargadas del manejo del orden público, procurando una labor unificada y eficaz. Los Consejos de Seguridad departamentales, elaborarán políticas y planes específicos de seguridad, para afrontar conforme a sus particularidades y especificidades, los conflictos y factores de perturbación del orden público y la convivencia, adoptando las medidas pertinentes con respeto a los derechos humanos, la convivencia ciudadana y la solución pacífica de controversias y conflictos. Además, cumplirán con las instrucciones que el Gobierno nacional imparta en materia del uso de la fuerza pública, ejecución de políticas de seguridad que se adopten y de medidas para la tranquilidad pública.

En materia de tránsito y movilidad, los departamentos, a través de su entidad responsable, hacen parte del Sistema Nacional de Transporte con énfasis en la sostenibilidad de la movilidad y el control del impacto ambiental por medio del fomento de medios de transporte sostenible. Así como también, velar por su aplicación, ejecución en su jurisdicción y el cumplimiento de las regulaciones del orden nacional sobre la materia. Formular y gestionar la política de movilidad, regulación y control del tránsito y transporte público en el departamento; ejerciendo como autoridad de tránsito la competencia asignada, inspección, control y vigilancia, velando por la seguridad vial en las carreteras dentro de su área de influencia.

Concurrir, de forma coordinada con la nación y los municipios, en la implementación de la política nacional de la formalización minera.

Educación. Ejecutar las competencias para la prestación del servicio educativo en los municipios de su jurisdicción que no estén certificados en educación, según los criterios que establezca la ley orgánica de recursos y competencias. De igual manera, pueden concurrir con la acción y el ejercicio de las funciones propias de los distritos o municipios certificados en educación que se encuentren dentro de su territorio. También contribuirá́ en la formulación de estrategias para promover el acceso, cobertura, permanencia y calidad de la educación en las zonas rurales.

Servicio de salud. Formular los planes, programas y proyectos tendientes a la prestación oportuna, eficiente y con calidad del servicio de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, y en consonancia con aquellos establecidos para el orden nacional. Es su deber asistir y asesorar a los municipios para que se garantice la cobertura de aquel, al tiempo que supervisar y controlar tanto el recaudo y ejecución de los recursos propios como de los entregados por concepto del sistema general de participaciones con destinación específica y el aseguramiento de la población en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los regímenes de excepción definidos en el ordenamiento jurídico. Ejercer el liderazgo y gobernanza del sistema de salud en la jurisdicción en procura de calidad, acceso y oportunidad de un sistema para toda la población. Articular la acción institucional; planificar el tema de salud para el territorio, desplegando las capacidades institucionales necesarias para liderar políticas, planes, programas y proyectos; articular la acción de los actores del sistema de salud territorial, entre la Nación y los municipios, crear un sistema que permita superar los problemas, fortalecer los sistemas de información que le permita a los departamentos y municipios conocer la población dentro de su jurisdicción, para generar políticas públicas de prevención, asistencia, georreferenciación, para la localización de especialistas y organización del sistema, crear plataformas que permitan recepcionar información para una mejor inspección, vigilancia y control. Desarrollar programas de salud pública; proveer tecnologías en salud; fortalecer, a través de la coordinación y articulación con los municipios con el plan de beneficios individuales en salud PBS del nivel local; el departamento vigilará la seguridad social en el territorio, régimen de aseguramiento y regímenes especiales, en coordinación con las autoridades nacionales. Impulsar, adaptar y velar por la aplicación de políticas de talento humano en la salud a partir de los profesionales del departamento; participar en la gestión de financiamiento del subsidio a la oferta de hospitales públicos en el territorio y en la atención de la población no afiliada a la seguridad social; liderar el gobierno corporativo de los hospitales públicos y velar por su buen desempeño y la trasparencia en la gestión.

Servicios públicos domiciliarios. Administrar, coordinar y complementar la acción de los municipios y servir como intermediario entre éstos y la Nación, para garantizar la continua y adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios que la ley y la Constitución Política establezcan. 3.1.4. Agua potable y saneamiento básico. Promover, estructurar, cofinanciar e implementar esquemas regionales, para concurrir a la eficiente prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Administrar los recursos destinados, para la atención de este servicio esencial y apoyar a las autoridades competentes en el ejercicio de medidas correctivas y preventivas que propendan por la continua y adecuada prestación del servicio.

El ejercicio de la función pública en los órganos y entidades del orden departamental, se ejercerá en los términos que fija la Constitución y la ley. Los empleados públicos del orden departamental en cualquiera de sus formas de vinculación se regirán por la ley y corresponden a los empleos de carrera administrativa que son la regla general, a los empleos de libre nombramiento y remoción con vinculación legal y reglamentaria y los trabajadores oficiales cuya vinculación es mediante contrato de trabajo.

Las competencias serán asignadas a los departamentos de conformidad con el principio de descentralización con suficiencia fiscal consagrado en el artículo 356 de la constitución política, En el término de un año contado a partir de la expedición de la presente Ley, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del Interior y de las demás entidades competentes en la materia, reglamentarán los aspectos sustantivos, procedimentales y organizativos que definan la aplicabilidad, la correcta formulación, implementación y ejecución de los Planes de Ordenamiento Departamental (POD). En el reglamento se definirá, entre otros, los contenidos mínimos, procedimiento de formulación, expedición, vigencia y entidades competentes.

Parágrafo transitorio: Dentro de los 8 meses siguientes a la entrada de vigencia de la presente Ley, el Gobierno Nacional en Consenso con los Departamentos representados en la Federación Nacional de Departamentos, revisará e identificará las competencias que han sido descentralizadas a los  departamentos, teniendo en cuenta, entre otros criterios, la asignación de recursos para su ejecución y formulará las recomendaciones para optimizar dicha descentralización bajo un criterio de sostenibilidad fiscal. En los términos del artículo 356 de la constitución Política, no se podrá descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas.

Áreas No Municipalizadas: El Gobernador ejercerá la administración sobre las áreas no municipalizadas hasta tanto se surta el proceso de municipalización de conformidad con el artículo 9 de la Ley 136 de 1994 o estas áreas se transformen en otra entidad territorial. Los territorios indígenas ubicados al interior de los resguardos que se encuentren ubicados en áreas no municipalizadas se regirán conforme a los dispuesto en Decreto 632 de 2018 y las disposiciones complementarias.

Catastros departamentales. Los departamentos en su calidad de gestores catastrales podrán adelantar la formación, actualización, conservación y difusión catastral, teniendo en cuenta los procedimientos del enfoque catastral multipropósito adoptados para el efecto, de conformidad con lo establecido en la Ley y las herramientas de política pública que lo desarrollan.

Asociación de departamentos. Conforme a lo establecido en la Ley 1454 de 2011 y la ley 1962 de 2019, o las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen, los departamentos podrán asociarse entre sí, administrativa y políticamente con otras entidades territoriales y/o administrativas, con el fin de prestar conjuntamente servicios públicos, la 108 ejecución de obras de ámbito regional y el cumplimiento de funciones administrativas propias, mediante convenio, contrato o plan suscrito por los gobernadores respectivos, previamente autorizados por las asambleas departamentales. Los departamentos no pierden ni comprometen su autonomía física, política o administrativa por afiliarse o pertenecer a una asociación; sin embargo, todo departamento asociado está obligado a cumplir sus estatutos y demás reglamentos que la asociación le otorgue y a acatar las decisiones que adopten sus directivas para el cabal cumplimiento de sus fines. Parágrafo. El Ministerio del Interior a través de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, brindará acompañamiento técnico y jurídico a las entidades territoriales que voluntariamente pretendan asociarse.

Artículo 147. La Nación apropiará con destino a las formas asociativas de que habla el artículo anterior, partidas acorde a las competencias del nivel regional para la ejecución de proyectos determinados en los Planes Estratégicos Regionales (PER). En los presupuestos anuales de la Nación se incluirán el rubro y las asignaciones necesarias para la atención de los pagos aquí ordenados.

Entidades descentralizadas. El Gobierno nacional presentará al Congreso de la República dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el proyecto de ley que expida el régimen para las entidades descentralizadas, previa socialización con los departamentos a través de la Federación Nacional de Departamentos y la confederación nacional de asambleas y diputados de Colombia y ciudades capitales a través de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.

De los bienes, contratos y rentas departamentales. El Gobierno nacional por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentará al Congreso de la República, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, el proyecto de ley que expida el régimen relacionado con los bienes, contratos y renta departamentales, previa socialización con los departamentos a través de la Federación Nacional de Departamentos.

Con el objetivo de adecuar la planificación al territorio y satisfacer las necesidades propias de sus habitantes, serán tenidas en cuenta las proyecciones poblacionales emitidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE como instrumento de planeación.

El artículo 9° de la Ley 136 de 1994 quedará así: “Artículo 9. Excepción. Sin el lleno de los requisitos generales para la creación de municipios, las Asambleas Departamentales podrán elevar a municipios las áreas no municipalizadas de su jurisdicción. Una o varias áreas no municipalizadas pertenecientes al mismo departamento podrán conformar un nuevo municipio. Para erigir las áreas no municipalizadas en municipios, se deberá contar con previo concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto-Ley 2274 de 1991. Los departamentos, cuando a ello hubiere lugar, deberán adelantar las actuaciones para llevar a cabo la consulta previa del respectivo proyecto de ordenanza. La ordenanza deberá establecer expresamente las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios básicos en el nuevo municipio por parte del departamento, de conformidad con lo previsto en los parágrafos 2º y 3º del artículo 87 de la Ley 715 de 2001. La ordenanza deberá disponer las medidas necesarias para que los departamentos garanticen el funcionamiento de los nuevos municipios durante la vigencia fiscal en que fueren creadas, de conformidad con lo previsto en el inciso 5º del artículo 87 de la Ley 715 de 2001. Una vez aprobada y en firme la Ordenanza mientras se realizan las primeras 110 elecciones municipales, la gobernación nombrará y posesionará alcaldes ad hoc para estos nuevos municipios. Las personas que sean alcaldes ad hoc deberán cumplir con los requisitos que la Ley exige para poder ser elegido alcalde. El salario de los alcaldes ad hoc será asumido por el respectivo departamento. El respectivo departamento realizará todas las actuaciones necesarias para poner en funcionamiento los nuevos municipios. Una vez aprobada y en firme la Ordenanza la Registraduría Nacional del Estado Civil en coordinación y apoyo del respectivo departamento adelantará lo referente al proceso para la elección de los alcaldes y los concejales en los nuevos municipios. La adhesión de áreas no municipalizadas a municipios existentes se regirá por lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando, las áreas no municipalizadas y los municipios existentes hagan parte del mismo departamento. En los procesos de municipalización de áreas no municipalizadas que a la entrada en vigencia de la presente Ley se haya realizado la Consulta previa, continuarán conforme a lo dispuesto en este artículo. Las entidades competentes para adelantar la consulta previa tendrán un término de máximo seis (6) meses para llevarla a cabo, contados a partir de la comunicación del proyecto de ordenanza por parte de la Asamblea departamental o del departamento”. Artículo 155. Los denominados corregimientos municipales que se encuentren ubicados en los departamentos creados por el artículo 309 de la Constitución Política de 1991, podrán convertirse en municipios de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 9 de la Ley n.° 136 de 1994. Uno o más corregimientos municipales pertenecientes a un mismo departamento podrán conformar un nuevo municipio. La cabecera municipal de los municipios conformados por dos o más corregimientos municipales será el corregimiento municipal que más población tuviere al momento de la conformación del nuevo municipio